El callejón sin salida de la migración en Centro y Norteamérica

En nuestros días el escenario migratorio mundial tiene muchas similitudes entre los diversos continentes, junto con algunas diferencias regionales. En este artículo describiremos lo que está sucediendo en la región de Centro y Norteamérica (CANA).

Hablaremos de «población migrante forzada» para referirnos a todas aquellas personas que, sin ajustarse al ordenamiento jurídico de los países de tránsito o destino, se ven obligadas a dejar su patria por diversas causas, tales como las violencias, los desastres naturales y el desempleo.

El torrente cada vez más impetuoso de movilidad humana

Desde hace muchos años la migración forzada en CANA está compuesta por dos vertientes: la más conocida es la sur-norte^[1]. Inició con el fujo mexicano, posteriormente se añadieron los flujos hondureño, salvadoreño y guatemalteco. Todos orientados hacia Estados Unidos, atraídos por el «sueño americano». A esta vertiente se añade la vertiente norte-sur, integrada principalmente por nicaragüenses que se dirigen hacia Costa Rica y Panamá. En la actualidad, las dos vertientes están cada vez más mezcladas, son más complejas, en cuanto que ahora sus flujos obedecen no sólo a una causa bien diferenciada, la violencia o el desempleo, sino a diversas causas entrelazadas entre sí, a las que se les han añadido otras, como la ecológica, la necesidad de unificación familiar, etc.

Destacamos la causa ecológica porque en El Salvador, Guatemala, Honduras y México los impactos del cambio climático son cada vez más un factor que, por vías directas e indirectas, contribuye a la emigración, ya que gran parte de su población está expuesta a él. No podemos olvidar que, como dice muy bien un diagnóstico elaborado en el 2019 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el continente latinoamericano fue, entre 1917 y 2010, «el segundo continente más propenso a desastres después de Asia. A nivel subregional, la mayoría de ellos se registraron en Centroamérica y el Caribe, fueron también los más intensos en términos de muertes, población afectada y daños materiales. Más allá de la preocupante exposición que tiene esta región-ante las amenazas naturales, el impacto de los desastres es exacerbado por vulnerabilidades socioeconómicas y ambientales irresueltas, más notablemente, pobreza y desigualdad, modelos de desarrollo insostenibles con el ambiente y deficiencias en los procesos de planificación y urbanización»^[2].

Lo más preocupante es que estos flujos son cada vez más forzados. Obedecen a que un creciente número de personas de los países de origen mencionados sienten más agudamente la necesidad impostergable de emigrar porque, con fundamento, perciben un notable incremento de la inseguridad social, por ser sus gobiernos más represivos e intolerantes, sufrir un mayor número de amenazas y agresiones por parte del crimen organizado y/o constatar que se reducen y precarizan las fuentes de trabajo. Además, su convicción de emigrar aumenta pues perciben que su situación de inseguridad ha empeorado, por la ineficiencia y corrupción de la función pública, la impunidad con la que se cometen las violaciones contra la población, la insaciable voracidad del gran capital y la insuficiente presión popular para que se ponga remedio a la situación.

Para muchas de estas personas todo ello llega a ser insoportable, sobre todo si sufren además los efectos cada vez más devastadores de los desastres naturales. Los huracanes Eta e Iota en el 2020, causaron, por ejemplo, una crisis humanitaria en mesoamérica que trajo como consecuencia un éxodo de personas damnificadas.

Finalmente, estos flujos además de ser más complejos y más forzados, son cada vez más globales. Por circunstancias similares que se dan en otras regiones del planeta, se han añadido a los mencionados los emigrantes procedentes de Haití, Venezuela, Cuba, Colombia, y de otros países de América y hasta extracontinentales. En consecuencia, el perfil de la movilidad humana se ha diversificado en cuanto a culturas, edades, género y formas de emigrar.

De las dos vertientes mencionadas, me centraré en adelante en la sur-norte. Con respecto a ella, habrá que añadir una razón adicional que explica el aumento de migrantes que quieren ingresar hacia Estados Unidos: nos referimos al «efecto llamada» que generó la sustitución presidencial en dicho país. El triunfo electoral de Biden aumentó las expectativas de la población migrante forzada, ya que este, en su campaña presidencial, explícitamente prometió que revertiría la política anti-migrante impulsada por Trump.

Este torrente cada vez más impetuoso hacia Estados Unidos fue descrito en un discurso pronunciado en una reunión de cancilleres, el 20 de octubre del 2021, por Antony J. Blinken, Jefe del Departamento de Estado de dicho país, como «un número récord de migrantes que se desplazan por el hemisferio, procedentes ya no de unos pocos países enfrentados a algún tipo de crisis aguda, sino de muchos países de la región a la vez»; un desplazamiento que «está circulando no solo en una dirección o por una sola razón». Lo calificó como «un desafío migratorio sin precedentes», un «problema insostenible», un «fenómeno complejo que evoluciona y desafía nuestra capacidad colectiva de respuesta», y como una «migración masiva que está a punto de aumentar en gran parte de nuestra región».

Un callejón sin salida

Lo más grave es que este torrente de movilidad humana se está enfrentando con un muro de contención cada vez más efectivo por el creciente endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno americano, que ha arrastrado en esta misma dirección a varios de los gobiernos de CANA.

Además de promover la prolongación del muro físico fronterizo, el Presidente Trump, impulsó más de 400 acciones ejecutivas que prácticamente cerraron la frontera americana y desmantelaron su sistema de asilo, así como los mecanismos de regularización para millones de personas residentes en Estados Unidos.

Junto con estas medidas internas, Donald Trump promovió la militarización de las fronteras de CANA; amenazó al Gobierno mexicano con incrementar los aranceles, si no aceptaba la externalización de la frontera americana hasta la frontera de México con Guatemala. Tal medida de contención debería dar como resultado una reducción de 75% en el número de intentos ilegales de ingreso a territorio estadounidense. Trump también impuso el programa comúnmente conocido como «Quédate en México», por el que entre el 25 de enero de 2019 y el 21 del mismo mes de 2021 más de 70 mil solicitantes de asilo en Estados Unidos fueron enviados a territorio mexicano para que esperasen ahí la resolución de su petición de asilo. Un trámite que ordinariamente se prolonga cerca de un año. Por otra parte, a los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras los obligó a aceptar ser «Tercer país seguro». Es decir, recibir como refugiados a los solicitantes de asilo en Estados Unidos que Trump les enviara, sin considerar el alto índice de violencia que existe en estos países centroamericanos. Cabe recordar, además, cómo el afán nacionalista de Trump incrementó el racismo, la xenofobia y el sentimiento antimigrante de un sector significativo de la población estadounidense^[3].

Su sucesor, a casi un año de haber asumido, atenuó el discurso agresivo y frenó la construcción del muro físico; pero no ha logrado o no ha tomado las medidas suficientes para revertir en la práctica la dirección antimigrante de la política migratoria estadounidense. El mensaje para la población centroamericana sigue siendo «No vengan, no los vamos a dejar entrar». La orientación para los gobiernos de la región continúa siendo: «deténganlos, no dejen que se acerquen a mi frontera».

La pandemia vino a profundizar y a acelerar la crisis sistémica, añadiendo una crisis sanitaria, lo que incrementó la necesidad de emigrar, así como los riesgos y la vulnerabilidad de la población migrante forzada. Dio además un pretexto a Trump para aducir la ley conocida como «Título 42», dirigida a cerrar la frontera terrestre y generalizar las devoluciones inmediatas. En contra de lo esperado, Biden la ha mantenido vigente, no obstante haber sido criticada por el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci.

Si la situación está configurándose como un callejón sin salida, ello se debe también a la posición que ha adoptado el gobierno mexicano: se ha sometido a las orientaciones de Washington recibiendo a los miles de expulsados por el «Título 42» o en base al programa «Quédate en México». México ha aceptado estas imposiciones sin tener un proyecto claro y efectivo que brinde servicios esenciales, ofrezca oportunidades de trabajo y garantice la seguridad de estas personas tan vulnerables, atoradas en su frontera norte. Además, ha endurecido su política migratoria, incrementando las deportaciones, reduciendo las alternativas de regularización, utilizando el prolongado proceso de solicitud de refugio como una medida disuasiva y de contención para detener el avance hacia Estados Unidos en el Istmo de Tehuantepec. Estas medidas las ha tomado presionado por Trump y Biden, pero también motivado por el interés de evitar una incontrolable acumulación de personas que, en contra de su voluntad, se quedan en México debido al cierre de la frontera estadounidense.

Los Gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras no tuvieron más remedio que aceptar ser «tercer país seguro». El gobierno guatemalteco, además, se ha prestado a la externalización de la frontera: ha disuelto por la fuerza, con el pretexto de la pandemia, las recientes caravanas procedentes de Honduras. Pareciera que a estos tres gobiernos, a los que habría que sumar a Nicaragua, no quisieran adoptar medidas para reducir la emigración porque genera remesas, que son la principal fuente de divisas de estos países, además de ser una contribución fundamental para el sostenimiento de las familias que las reciben y un alivio que mitiga el malestar popular ante los estragos de la crisis económica.

Lamentablemente, a nivel mundial prevalece la tendencia a absolutirzar la soberanía nacional, lo que ha debilitado el contexto jurídico internacional, impidiendo la actualización de las categorías jurídicas fundamentales y, en consecuencia, volviendo inoperantes a las instituciones multilaterales. Todo ello se ha evidenciado en el veto de los Gobiernos de los países receptores a que sean vinculantes los recientes Pactos mundiales sobre migración y refugio.

Los efectos del bloqueo del torrente de movilidad humana

El primer efecto del bloqueo es la creación de focos cada vez más explosivos en las fronteras, sobre todo las dos de México, la norte de Guatemala y la sur de Panamá. Con la implementación de medidas de estas medidas de seguridad, han crecido las violaciones a los derechos humanos en contra de la población migrante forzada; con la política de retención se ha generado una creciente acumulación de personas que han quedado atoradas, frustradas en zonas de alto índice de violencia, que viven hacinadas en condiciones infrahumanas, sin perspectivas de conseguir trabajo bien remunerado que resuelva las necesidades que los obligaron a emigrar.

El segundo efecto es la multiplicación de caravanas de migrantes que parten no sólo de Centro América, sino también de ciudades mexicanas de retención, como Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala. Caravanas que no obstante haber sido disueltas violentamente, son expresiones de la desesperación en la que se encuentra la población en sus países de origen, o de quienes están retenidos sin saber cuándo van a terminar los trámites para conseguir refugio, o de los que, habiéndolo obtenido, no pueden transitar por territorio mexicano para buscar trabajo y mejorar sus condiciones de vida.

Un caso sorprendente fue el ocurrido en Texas el 18 de septiembre del año pasado, en el que cerca de 15.000 migrantes, mayoritariamente haitianos procedentes de Chile y Brasil, atravesaron Sudamérica, lograron superar el tapón del Darién, y llegaron a Centro América y México. La patrulla fronteriza estadounidense los reprimió violentamente, detuvo a un gran número de ellos y deportó hacia Haití a unos 8.000 de ellos. Se trata de una de las repatriaciones más voluminosas de la historia.

Un tercer efecto del bloqueo es el notable incremento de detenciones migratorias y deportaciones por parte del Gobierno de Estados Unidos y de México. Según fuentes oficiales de la U.S. Customs and Border Protection^[4], el Gobierno de Estados Unidos habría efectuado casi 19 mil detenciones de menores migrantes no acompañados en la frontera con México durante el mes de marzo 2021. Entre octubre 2020 y septiembre 2021, las autoridades estadounidenses realizaron 1.734.686 deportaciones. Un número mayor que la suma de las deportaciones llevadas a cabo por este Gobierno en los años fiscales 2019 y 2020. El 61% de ellas fueron expulsiones «en caliente», inmediatas, llevadas a cabo aplicando el «Título 42». Bajo esta medida, en el período de Trump hubo un promedio de 578 expulsiones por día, el de Biden acumula al día de hoy una media de 3,545. En el caso de México, en el período de tiempo mencionado, se registraron 87.155 deportaciones, 15 % más que las del período anterior. Al constatar que muchas de las personas deportadas y abandonadas en la frontera volvían a intentar ingresar a Estados Unidos, ambos gobiernos decidieron crear un costoso puente aéreo hacia ciudades remotas de sus fronteras con tal de alejar a los deportados de su territorio y disuadirlos de su intención de lograr el «sueño americano».

En cuarto lugar, hubo un incremento exponencial de solicitudes de asilo al gobierno mexicano, que contabilizó más de 108.195 peticiones de ciudadanos extranjeros durante los primeros 10 meses del 2021. El número supera en 53,8 % la cifra récord de todo el 2019. La suma de solicitudes vinculadas con Haití ascendió a 45.592, la de hondureños se ubicaron en 33.578, de cubanos en 7.915, de salvadoreños en 5.433, de venezolanos en 5.113 y de guatemaltecos en 3.799.

En quinto lugar, aumentó el riesgo para la población migrante forzada. Como consecuencia de todo lo anterior, la trayectoria actual que tiene que recorrer es más prolongada, más peligrosa, más costosa, con mayores obstáculos y menores probabilidades de lograr su objetivo, sobre todo para los más vulnerables. Por consiguiente, ha aumentado el número de asesinados, de víctimas de extorsión, torturas, secuestros, desaparición forzada. También se han incrementado los heridos, mutilados, muertos por causa de accidentes; son cada vez más numerosos los ahogados o quienes perecen por deshidratación al intentar cruzar ríos caudalosos, el desierto o la selva del Darién; están más expuestos al contagio del Coronavirus por la falta de una campaña de vacunación que incluya a personas en situación migratoria irregular, la omisión de otras medidas preventivas en los centros de detención o procesos de deportación.

Lo impactante es que todo ello no ha sido suficiente para reducir los flujos migratorios. Ello indica la situación cada vez más insoportable que padecen en su país de origen. El mayor signo de que se encuentran en un nivel límite es la multiplicación de casos en los que los mismos padres, después de haber fracasado en su intento de ingresar como familia a Estados Unidos, han decidido separarse de sus hijos aun pequeños y enviarlos sin acompañantes hacia ese país, con la esperanza de que de ese modo los dejen entrar.

En sexto lugar, han aumentado notablemente las ganancias ilícitas, lo que beneficia al crimen organizado. Son principalmente ellos los que controlan en la actualidad las principales rutas migratorias, fomentando el negocio de tráfico y de trata de personas. Estos reciben cada vez más solicitudes de trasladado por territorio mexicano y/o de cruce de la frontera hacia Estados Unidos, porque este mecanismo resulta más efectivo, aunque no deja de ser riesgoso. El hecho de llevarse a cabo en condiciones más difíciles ha tenido como consecuencia que la tarifa de contratación haya aumentado de 8 mil a 20 mil o hasta 30 mil dólares, dependiendo de la distancia, el medio de transporte y la ruta utilizada.

A esta fuente de ingreso ilícito habría que añadir otras iniciativas igualmente lucrativas, tales como la extorsión y el secuestro de migrantes, a quienes el crimen organizado amenaza a muerte si es que no pagan un cuantioso rescate, se comprometen a llevar consigo droga en el cruce de la frontera o aceptan convertirse en sicarios que torturen o secuestren a sus mismos compañeros de camino. Un indicador que puede ayudar a tener una aproximación de la magnitud de migrantes que utilizan redes de tráfico para hacer su trayectoria migratoria es la suma de personas que han sido descubiertas en este intento por el Instituto Nacional de Migración de México. En un comunicado publicado el 8 de junio del 2021, dicha institución informó que en los primeros cinco meses de ese año, se localizó a 90.850 migrantes que eran transportados por estas redes en territorio mexicano, de los cuales casi 18 mil eran menores de edad. Esta cantidad da cuenta solo de las personas que han sido descubiertas. Muy probablemente es mucho mayor el número de las que logran pasar desapercibidas o consiguen sobornar a las autoridades migratorias para que no las detengan.

Los planes regionales de desarrollo para Honduras, El Salvador y Guatemala

Como propuesta principal de solución a este callejón sin salida, tanto el Gobierno de Estados Unidos como el de México han diseñado planes regionales de desarrollo para Honduras, El Salvador y Guatemala. Para resaltar su importancia, el Presidente Biden ha nombrado a la Vice-Presidente Kamala Harris como la principal responsable para impulsarlo.

Con estos planes pretenden identificar y atender las principales causas estructurales que están generando el creciente torrente migratorio con el fin de reducirlo en el mediano plazo. Indirectamente, han desviado la atención de la opinión pública, reduciendo el impacto que podría tener sobre ella el agravamiento del contexto migratorio anteriormente descrito, que requiere de respuestas inmediatas. Ciertamente es necesario favorecer el desarrollo regional, pero esto no quita que siga siendo necesario y urgente encontrar una salida inmediata a miles de personas que se están quedando bloqueadas.

Sin embargo, los planes hasta ahora propuestos pueden resultar siendo meros espejismos, pues, en el caso norteamericano, suponen la inversión de millones de dólares para llevar a cabo iniciativas que en el pasado ya se implementaron sin que se redujeran significativamente las causas ni se beneficiara a la población destinataria. Por el contrario, más bien incrementaron las oportunidades de corrupción y de desvíos de fondos para pagar altos salarios a sus impulsores o ejecutores. En cuanto a la iniciativa mexicana, esta consiste en dar becas de estudio y apoyos para la siembra de árboles.

Por otra parte, la implementación de dichas propuestas parece ser poco viable en la coyuntura actual porque por ahora no es posible poner en práctica un exitoso proyecto intergubernamental regional debido a la creciente competencia y rivalidad que existe entre los actuales presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Ni siquiera hay condiciones para que sea fructífero un plan bilateral de Estados Unidos con cada uno de dichos gobiernos.

Existen además dos insuficiencias importantes en ambos planes. La primera es que prescinden de Nicaragua. La justificación de esta omisión es que, como dijimos al inicio, el flujo de migrantes nicaragüenses tradicionalmente se dirigía hacia Costa Rica y Panamá; pero en la actualidad la situación del régimen de Ortega está repercutiendo en que la emigración forzada se dirija también hacia el Norte. En consecuencia, para reducir los flujos que están llegando a Estados Unidos ya no basta con atender las causas en tres de los países de proveniencia. Más aún, para que un plan de desarrollo regional sea efectivo se requiere, muy probablemente, la integración de todos los países de la región. En las condiciones actuales, cada uno de los planes por separado tiene menos probabilidades de ser viable económicamente hablando.

La segunda insuficiencia consiste en la exclusión de Canadá. Esta laguna no sólo se da en los planes de desarrollo regional hasta ahora planteados, también existe en la mayoría de los análisis regionales y propuestas de solución, tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Y esto no obstante ser un país rico en recursos, sobresaliente receptor de migrantes y uno de los principales causantes de la emigración ecológica de centroamericanos.

El llamado a impulsar la fraternidad y organizar la esperanza

Quisiéramos terminar la descripción del contexto migratorio de CANA resaltando los numerosos signos de esperanza que existen en la región. Es evidente que el creciente torrente migratorio enfrentado a condiciones tan adversas logra sobrevivir porque las personas que lo conforman reciben un apoyo solidario significativo por parte de un sector importante de la sociedad civil.

En primer lugar, están los familiares, amigos o paisanos que ya viven en Estados Unidos. Son por lo general los que apoyan financieramente el traslado de la población migrante forzada, contratando a los traficantes, costeando gran parte de los gastos del viaje, pagando los rescates de los que son secuestrados y/o recibiendo en sus casas a quienes logran llegar a su destino, al menos mientras no consigan trabajo.

También son claves los más de cien albergues administrados por las iglesias o asociaciones filantrópicas que están distribuidos a lo largo de las distintas rutas migratorias. En ellos se les ofrece gratuitamente a los migrantes alimento, hospedaje, ropa, medicinas, apoyo espiritual y psicológico, asesoría jurídica. Es frecuente que la población que vive en las periferias de los lugares por donde pasan también les de alimento, no obstante la precariedad en la que viven.

Juegan también un rol muy importante muchas instituciones no gubernamentales defensoras de las personas migrantes. Registran las violaciones que padecen durante su trayectoria y en el país de destino. También enfatizan los beneficios y aportes culturales y económicos que la población migrante da a los países receptores. En base a estos datos, llevan a cabo campañas de hospitalidad orientadas a sensibilizar a la opinión pública, así como iniciativas más políticas que buscan incidir en las autoridades correspondientes para que humanicen sus medidas migratorias.

Sin duda ha sido determinante para multiplicar, fecundar y articular estas semillas de esperanza el testimonio del Papa Francisco en favor de los migrantes, refugiados y desplazados internos. Al ponernos el ejemplo y hablarnos de la «fraternidad universal» está proponiendo el remedio para una de las causas estructurales que más están influyendo en el cierre de fronteras, como es la absolutización de la soberanía nacional. Al motivarnos a avanzar «hacia un nosotros cada vez más grande»^[5] nos está ofreciendo «un horizonte claro para nuestro camino común en este mundo […] construir juntos nuestro futuro de justicia y de paz, asegurando que nadie quede excluido»^[6].

El anhelo que tiene al hacernos estas y otras exhortaciones similares ha quedado muy bien expresado en las siguientes frases de su Encíclica Fratelli Tutti (FT): «Ojalá demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado» (FT 35).

Para hacer realidad este deseo es importante que todas estas luces de esperanza se sigan multiplicando y se articulen entre sí a fin de que se sobrepongan y terminen iluminando, disipando las oscuridades descritas. Es necesario que el lector de este artículo escuche el clamor de la población migrante forzada, se motive con las experiencias de fraternidad existentes y actúe como el buen samaritano de la parábola evangélica, que auxilió al expoliado que encontró en su camino (cfr Lc 10,25-37).

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1. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) distingue entre la migración, que no siempre es forzada, y el desplazamiento forzado, que incluye a aquellas personas que se ven obligadas a desplazarse -a menudo dentro de las fronteras de su propio país- debido a conflictos, pobreza y factores medioambientales, pero que no pueden ser reconocidas como refugiados a nivel internacional. ↑

2. CEPAL, Hacia un nuevo estilo de desarrollo, Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras, México. Diagnóstico, áreas de oportunidades y reco­mendaciones de la CEPAL, México, 20 de mayo de 2019, 63. ↑

3. A quien le interese un estudio detallado y bien fundamentado sobre los efectos de dichas acciones puede leer el documento publicado por Migration Policy Institute: S. Pierce y J. Bolter, Dismantling and Reconstructing the U.S. Immigration System: A Catalog of Changes under the Trump Presidency, julio 2020 (https://www.migrationpolicy.org/research/us-immigration-system-changes-trump-presidency). Los datos que utilizamos provienen de este informe. ↑

4. Se puede acceder a los datos en www.cbp.gov ↑

5. Fue el tema elegido por el Papa para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado 2021. ↑

6. Francisco, Mensaje para la 107a Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2021, septiembre 2021. ↑