¿Qué está sucediendo en Chile?

Para describir qué ha estado sucediendo en Chile es necesario dar cuenta de dos procesos que se entrecruzan: un proceso constituyente y las recientes elecciones. Ambos procesos han estado marcados, además de la pandemia, por otros fenómenos económicos y sociales. De ello intentaremos dar cuenta.

El proceso constituyente

Chile cuenta con una constitución elaborada en 1980, en tiempos de la dictadura, por un grupo reducido de juristas. Dicha carta magna paulatinamente se ha ido considerando menos legítima, sin ser exhaustivos, en tres sentidos:

1) En su origen. Es un texto elaborado en dictadura, a puertas cerradas y sin participación del pueblo. Aunque en lo formal haya sido aprobada mediante un plebiscito, haber hecho esa votación bajo control de las Fuerzas Armadas pone en cuestión la validez del acto mismo.

2) En sus formas. Generaba una democracia imperfecta, con presencia de senadores designados, uno de los cuales fue el mismo dictador, altos quórums para modificar la misma Constitución y un sistema de elección binominal que, obligando a generar dos grandes bloques electorales, daba a la minoría de derecha una capacidad de bloquear cambios al sistema. En suma, una Constitución hecha para conservar un modelo por largo tiempo.

3) En sus resultados. La percepción de la gente es que la Constitución sostenía un sistema de privilegios para las clases acomodadas. Además, ella puso en manos de privados la provisión de una serie de servicios sociales: educación, salud, fondos de pensiones, por nombrar algunos, instalando la lógica del negocio y no la solidaridad social.

La Constitución de 1980 y las instituciones que protegía, de a poco se fueron apreciando como injustas y como causa de prácticamente todos los males sociales. Se fue agudizando una ruptura entre los actores políticos con sus instituciones y la sociedad civil. Las estructuras tendieron a conservarse a sí mismas, sin atender la demanda ni la crítica ciudadana. La agudización de esta distancia terminó por explotar. La gente percibió que los mecanismos políticos no servían para modificar las cosas, sino más bien eran un obstáculo, por lo que tomó otras vías para encauzar sus demandas.

En los hechos, el actual proceso constituyente inicia con el pacto que se logra el 15 de noviembre de 2019. Parlamentarios del oficialismo y la oposición, a altas horas de la madrugada en el ex Congreso Nacional, establecen el mecanismo para que la ciudadanía decida si iniciar o no el camino de para contar con una nueva Constitución. Este paso político, sin embargo, estaba fuertemente presionado por el llamado «estallido social» del 18 de octubre de ese año. Esa semana los estudiantes habían protestado por el alza del pasaje de metro en Santiago y el día viernes 18 siete de sus estaciones son completamente incendiadas. Pero el balance fue aun más grave: 118 de las 136 estaciones las que sufrieron daños, además de las vías y los trenes.

Al día siguiente, el Presidente de la República decretó estado de emergencia en Santiago y puso un general del Ejército a cargo del orden público. Desde esa semana ya se tiene indicios de violencia policial y militar desmedida. Con todo, el día viernes 25 se congrega pacíficamente más de un millón 200 mil personas en la Plaza Baquedano, un ícono de la ciudad donde habitualmente se concentran desde diversos puntos para celebrar alegrías de todo tipo. El fenómeno se propaga a regiones y asoma la idea de una nueva Constitución.

¿Por qué sucede esto en un país que parecía funcionar bien?

Las demandas de 2019 inicialmente son difusas: un reclamo contra las administradoras de fondos de pensiones, contra el TPP-11, pidiendo aborto libre y gratuito, rechazando a los transgénicos, pidiendo educación pública de calidad y libertad para el pueblo mapuche. No hay liderazgos, sino más bien convocatorias diversas a través de redes sociales. En suma, es una manifestación de profunda disconformidad y malestar. Este descontento ya había sido diagnosticado por el PNUD desde 1998 en sucesivos informes. El reclamo fundamental era por dignidad, así lo formuló la gente. El bienestar económico ya no era suficiente. A continuación, algunas descripciones que han ayudado a comprender lo sucedido:

1) La desigualdad económica. Chile venía reduciendo sistemáticamente la pobreza por ingresos desde fines de los años 80, llegando a cifras porcentuales de un dígito. Evidentemente eso era una buena noticia. Sin embargo, la gran deuda era la desigualdad en la distribución del ingreso. Para dar algunas cifras, la mediana de ingresos en 2019 era de 400.000, es decir, la mitad de los trabajadores del país ganaba menos que eso, en circunstancias que el salario mínimo era de 300.000 y el promedio era de 574.000. Un poco más del 1% de los salarios era superior a 3.000.000. La redistribución económica se quedó corta y mucho bienestar material era a costa de deuda familiar.

2) El sistema de pensiones. En Chile el sistema es fundamentalmente de capitalización individual obligatorio, donde cada trabajador ahorra en torno al 10% de sus ingresos para que sean gestionados por una administradora de fondos de pensiones (AFP). Si bien las AFP han tenido rendimientos excelentes sobre la inversión, la mayor parte de quienes se han jubilado no reciben pensiones suficientes para vivir con dignidad. La promesa del sistema no se cumplió y las inequidades laborales se perpetuaban al dejar de trabajar. Sucesivos gobiernos hicieron comisiones para reformular el sistema, adecuar sus parámetros, o incorporar elementos de solidaridad inter e intrageneracional. Sin embargo, a pesar de algunos avances en 2008, la reforma sustantiva quedó inexplicablemente entrampada en el Congreso por más de una década.

3) Sensación de abuso. Diversos escándalos de colusión entre farmacias, proveedores de papel higiénico o productores de pollo, han generado la impresión de que la empresa privada abusa de los consumidores. La ciudadanía se ha sentido amenazada y vulnerada dentro de un sistema económico donde estos hechos mostraban que algunos estaban dispuestos a traicionar a un país entero con tal de enriquecerse.

4) La competencia como motor fundamental de la economía. Un modelo económico fundado en la competencia empuja a relaciones agresivas y desconfiadas. Dado que la Constitución de 1980 lo permite y fomenta, la competencia ha entrado como criterio articulador en el mercado de la educación, la salud, la provisión de vivienda y el agua potable, entre otros. Desde ahí ha permeado las relaciones humanas más básicas. Sobre esa base es muy difícil construir comunidad, los vínculos sociales se debilitan y se refuerza la desconfianza entre los «ganadores» y los «perdedores».

5) Crisis de la meritocracia. El modelo neoliberal no cumplió su promesa de entregar mayor bienestar a quien se esforzara más. Por el contrario, aún hay fuertes componentes de distribución basados en la herencia y la clase. Se dijo que la educación sería el gran impulsor de la movilidad social. Pero se produjo un desacople, aunque el país contaba con personas más educadas, no generó mejores trabajos, ni más complejos ni con mejores salarios. Esto provocó una enorme frustración en la generación de trabajadores más jóvenes quienes.

6) La desigualdad de trato. Diversas investigaciones fueron mostrando que los sectores populares se sentían invisibilizados como sujetos en la sociedad, cargando con la permanente imagen de ser sospechosos y de nunca calificar para ser incorporados plenamente en la sociedad. Aumentar el nivel de consumo, no implicó igualar socialmente. En Chile el origen social, a pesar de todo, todavía pesa mucho. En síntesis, se generó la percepción de que los últimos 30 años de régimen democrático habían fallado en sus promesas.

Síntomas que devela el estallido social

Una primera consecuencia de todo este proceso ha sido el distanciamiento entre el pueblo y las élites. A la vez, se verifica una actitud de “cliente” frente al Estado, que se traduce en recurrir a él como un proveedor de servicios, pero al cual no se le colabora. El individualismo neoliberal ha penetrado más profundamente de lo esperado y muchas personas no se sienten parte de la sociedad ni que sea su responsabilidad colaborar en ella. A nivel afectivo, los ricos sienten temor porque perciben que después del estallido social deberán compartir sus privilegios. Y, como contraparte, los pobres sienten rabia porque deben imponerse por la fuerza para ganar algo de dignidad.

Finalmente, la sospecha se extendió a lo formalmente político. Ello redunda en una pobre capacidad de diálogo argumentativo y falta de conversación sobre futuros compartidos posibles. No hay verdadera organización social, sino grupos convocados por redes sociales, los vínculos se han debilitado y, por tanto, la solidaridad se dificulta. En buenas cuentas, Chile no cuenta con estructuras para formular proyectos sociales comunes.

El inicio del proyecto

Era necesario reparar la convivencia nacional. El día 25 de octubre de 2020, un abrumador 78% dijo que sí al cambio de Constitución. De las 346 comunas que tiene Chile, la negativa al cambio solo triunfó en 5. Tres de esas comunas corresponden a las comunas más ricas del país, como reflejo de una oligarquía resistente a cualquier cambio que atente contra su situación de privilegio. Además, triunfó la opción en la cual todos los miembros del órgano constituyente serían electos por la ciudadanía. Sin embargo, sería un error pensar que este resultado implica un triunfo de la izquierda: desear cambiar no dice nada sobre la dirección del cambio que se desea. Eso está aún por verse cuando se plebiscite el resultado del trabajo.

Entre tanto, el Congreso delineó cómo se conformaría el órgano encargado de escribir esta nueva carta magna. Tendría una representación similar a la Cámara de Diputados, con dos novedades. Primero, la composición sería paritaria entre hombres y mujeres. Y, segundo, habría 17 cupos reservados para miembros de pueblos originarios. Ambas decisiones eran expresión de movimientos sociales que habían adquirido notoriedad muy recientemente en Chile. En 1997 por primera vez se quemaron tres camiones de una empresa forestal en tierra mapuche, comenzando una seguidilla de atentados que dura hasta hoy. Por otro lado, la gran marcha de las mujeres reclamando igualdad efectiva con los hombres fue recién en 2018.

Los dos fenómenos mencionados, indican la irrupción de la diversidad en el país. Hasta mediados de los años 90 Chile se comprendía a sí mismo muy homogéneo: una sola nación, una sola raza, una sola religión, un solo territorio y un solo estado. Ese paradigma, la base en que se construía la unidad, hoy se ha puesto fuertemente en cuestión y, por tanto, la unidad nacional deberá construirse sobre bases nuevas. En mayo de 2021 se eligieron los miembros de la Convención Constituyente. El grupo elegido es un reflejo de diversas identidades. Algunos vienen de los partidos políticos tradicionales, otros de luchas reivindicativas locales, muchos con la bandera de la independencia política y otros que acuden a defender causas puntuales en torno al género o al medio ambiente, entre otras. Se eligió presidenta de la Convención a Elisa Loncón, mujer y mapuche, transformándose en un ícono de lo que estaba cambiando en el país.

Desafíos para el proceso constituyente

Ante la irrupción de la diversidad, si nuestras fuentes de unidad no están una identidad compartida, ni en la homogeneidad, ni tampoco en la unidad de origen, se hace imprescindible construir una comunidad colaborativa a partir de un proyecto común, la formulación de un futuro compartido. La Convención debe construir unidad a partir de la diversidad, un proyecto compartido a partir de visiones y preocupaciones diferentes. La Convención, además, deberá darle profundidad al debate. Es necesario que la discusión se articule en torno a valores y sentidos compartidos. De otro modo no es posible que la Constitución tenga una proyección en el tiempo. Dicho proyecto no solo debe consistir en objetivos o finalidades, también debe describir las relaciones que el pueblo desea tener en su interior. Quizá eso sea lo más difícil de sanar en una sociedad donde los intereses propios son los que han regulado las relaciones, poniéndolos a competir unos con otros.

Se estableció la regla de que los artículos de la nueva Constitución deberán ser aprobados por dos tercios de los convencionales, pero la derecha política no logró elegir ni siquiera un tercio de los miembros. Con ello se corre el riesgo de aprobar una constitución parcial, que no considere el bien común, sino tan solo el bien de quienes se han sentido perjudicados por la constitución anterior, en una suerte de revancha.

Entre los convencionales habría suficiente acuerdo en varios temas, tales como el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental y un bien nacional de uso público, incorporar mecanismos de democracia directa, la autonomía del Banco Central y garantizar el acceso a las tecnologías de la información. Hay otros temas que todavía deben sumar voluntades para llegar a los 2/3 de los votos. Es el caso del acceso igualitario y universal a la vivienda digna y, aunque se conserva el derecho de propiedad subordinado al bien común, se plantea la posibilidad de modificarlo para que exista una protección del Estado a todos los recursos naturales. Los temas vinculados al sistema de gobierno han sonado mucho en la prensa, pero no han logrado concitar mayorías aún: la reforma del Tribunal Constitucional, la duración del mandato presidencial, si el Congreso contará con una o dos cámaras y el régimen de gobierno.

Los partidos políticos evidentemente están en crisis. Una parte importante de la Convención representa causas más que proyectos políticos más amplios. La defensa de causas, aunque loable en muchísimos casos, no expresa los presupuestos antropológicos, ni prioridades axiológicas, ni proyectos políticos, ni relaciones sociales que fundamentan esa defensa. Ello hace muy difícil el diálogo con cualquier convencional quien, finalmente, expresa intereses personales o locales. Pero la Convención ha sido convocada para proponer un modo de relación, principios de convivencia, de resolución de conflictos, derechos y deberes ciudadanos que van mucho más allá de las causas específicas.

Algo similar sucede con los convencionales independientes. Con ello parecen decir que el vínculo con un partido político es signo de corrupción y un modo turbio de hacer política. La dificultad con los independientes es que, al no adscribir a un partido, igual que con los defensores de causas, es difícil identificar sus posturas ideológicas y no responden ante un partido por sus faltas de ética o sus cambios de postura, sino solo a sus electores.

Otro reto para la Convención será proponer un modelo de desarrollo que vaya más allá de lo económico. En parte, eso es lo que fracasó en la Constitución de 1980. Comprender que el desarrollo incorpora otras dimensiones del ser humano quizá sea la lección más grande de estos últimos 30 años. Es necesario recuperar la convivencia social, formular mecanismos de solidaridad con los menos aventajados, la participación política de las bases territoriales y poner en tensión el desarrollo económico con el equilibrio del medio ambiente.

La Convención tiene también el desafío de moderar las expectativas. A menudo la derecha ha generado la caricatura de que este proceso es semejante a formular una lista de supermercado donde la gente llega a pedir como derecho aquello que quiere recibir gratuitamente del Estado, sin esfuerzo personal. Será importante mostrar que los derechos sociales requieren de financiamiento y éste requiere que todos en el país generen riqueza suficiente para ello. Quizá no ha sido suficientemente destacado que ser ciudadanos implica también deberes hacia la sociedad, dedicación de talento, creatividad, participación y recursos.

Finalmente, una expectativa más importante aún, como es la igualdad de trato entre las personas, no se resolverá con nuevas estructuras de poder ni económicas. Ello requiere de un cambio cultural mayor y lento que, sin duda, necesitará años, o décadas.

Problemas sociales que acompañan el proceso

En paralelo, mientras se ha desplegado el proceso constituyente, una serie de problemas sociales han acompañado la política.

1) La pandemia de Covid-19 ha suavizado la tensión social que traía el estallido. Al obligar a que los ciudadanos hicieran cuarentena, las manifestaciones públicas disminuyeron notablemente. El proceso de vacunación de la población ha sido reconocido transversalmente por su eficacia, evitando llegar al dilema de «la última cama». El sacrificio del personal de salud ha sido enorme. El impacto de la variante delta no fue demasiado y, a pesar de la gran cantidad de contagiados por ómicron, la ocupación de camas críticas aún tiene holgura. Sin embargo, las cifras de desempleo entre mayo de 2020 y mayo de 2021 superaron el 10%, valores que no se veían hace más de una década en el país. Aumentó el déficit habitacional y las familias viviendo en campamentos (slums) prácticamente se duplicaron.

2) En la zona de la Araucanía, la violencia asociada a la causa mapuche no afloja. Este conflicto, originado principalmente en el despojo de tierras, empobrecimiento y discriminación de que ha sido víctima el pueblo mapuche, ha escalado en intensidad. Lamentablemente, la reacción del gobierno ha sido declarar estado de excepción en la macrozona sur, desplegando a las fuerzas armadas para controlar la situación. Pero con esta acción no aborda las causas de fondo que requieren reparar una injusticia histórica con ese pueblo. No es correcto abordar un problema complejo, con aristas culturales, económicas, medioambientales y delictuales, como si fuera solamente un problema de orden público. Sucesivos gobiernos han llegado a acuerdos con representantes mapuche. Pero, tristemente, las promesas no se han cumplido.

3) Se añade, sobre todo en el norte y centro del país, la tensión provocada por la migración. La alta concentración de migrantes en ciudades como Iquique, sumado a las condiciones inhumanas en que están habitando, ha generado tensión con los habitantes locales. El gobierno ha sido incapaz de enfrentar la migración con capacidad organizativa suficiente, lo que ha provocado el reclamo de los vecinos y agresiones a extranjeros. Un recurso lamentable ha sido vincular la delincuencia con la migración, exacerbando así la xenofobia.

4) Finalmente, hay una percepción de que el estado de derecho se ha debilitado y el cumplimiento de las normas se ha relativizado, sobre todo en detalles de la convivencia cotidiana. Junto a ello, la policía ha sido sistemáticamente desprestigiada por escándalos de corrupción y el uso desmedido de la fuerza durante el estallido social, con lo cual parece haberse replegado en sus actuaciones. En suma, hay poco control social y eso ha facilitado el avance del narcotráfico en las zonas marginales de las grandes ciudades.

Estas situaciones fueron aprovechadas malamente por los parlamentarios, en particular por la Cámara de Diputados. Muchos de ellos, probablemente viendo en el horizonte las próximas elecciones y la posibilidad de ser reelectos, se inclinaron a promover iniciativas que tuvieran alta popularidad, aunque fueran irresponsables. Es así como en julio de 2020 se aprobó el retiro del 10% de los fondos previsionales para que las familias pudieran aliviar su situación económica. Esta decisión fue tomada argumentando que la ayuda estatal era insuficiente. El Gobierno, sin saber cuánto duraría la pandemia, estaba siendo muy cuidadoso en el uso de sus reservas y capacidad de deuda. Curiosamente, aunque la iniciativa del retiro era impulsada fundamentalmente por la izquierda, el argumento era claramente neoliberal: el dinero es de cada uno y por tanto a cada uno le corresponde disponer de él. El neoliberalismo ha penetrado culturalmente mucho más de lo que podría haberse pensado. Por otra parte, quizá más veladamente, se comenzaba a desmantelar el sistema de las AFP, puesto que de alguna manera tendría que responder el estado a la situación de esas personas en su futura vejez.

A ese primer retiro de fondos le sucedió un segundo en diciembre de 2020 y un tercero en abril de 2021. Aún cuando muchas familias contaron con el Ingreso Familiar de Emergencia aportado por el Estado durante 2021, se continuó echando mano a los fondos de pensiones para salir de la crisis. Uno de los impactos mayores ha sido en la inflación. El país venía manteniendo una inflación interanual dentro de la banda de 2-4% desde el año 2000. Si bien el primer retiro no tuvo mucha relevancia en este indicador, los siguientes sí lo tuvieron y el país cerró el 2021 con un escandaloso 7,2% de inflación. Debemos, entonces, preguntarnos por la responsabilidad que asumen los legisladores y los criterios que iluminan sus decisiones.

Se hace urgente contar con políticos con vocación: políticos con un proyecto social movilizador y atento a las necesidades de los ciudadanos; políticos capaces de darse por una causa que vaya más allá del propio beneficio.

Elección presidencial

Para añadir complejidad al cuadro anterior, durante 2021 se realizaron elecciones en el Congreso, elecciones presidenciales y de gobiernos regionales. En 15 de las 16 regiones ganaron gobernadores de la oposición. Ello, sumado a la enorme mayoría que apoyó el cambio constitucional, daba para confirmar que el país se había izquierdizado. Veremos más adelante que esta afirmación es prematura.

Se realizaron elecciones primarias oficiales en la derecha y en la extrema izquierda. Los partidos que habían gobernado gran parte de la transición como Concertación de Partidos por la Democracia, por una desinteligencia incomprensible, no logra poner de acuerdo a sus candidatos y termina haciendo posteriormente una elección primaria por su propia cuenta. Finalmente, se presentaron a elección presidencial 6 candidatos. Como resultado de la elección, ninguno de los bloques que han gobernado los últimos 30 años pasó a segunda vuelta. Los triunfadores fueron José Antonio Kast, miembro del partido Republicano (parte del Frente Social Cristiano) en el extremo derecho del espectro político, con casi un 28%, y Gabriel Boric, miembro del partido Convergencia Social (parte del Frente Amplio) a la izquieda del espectro, con poco menos del 26%. Causó sorpresa que la tercera mayoría la tuviera el candidato populista Franco Parisi, del Partido de la Gente, haciendo una campaña por redes sociales, sin haber puesto un pie en Chile. El centro político, gobernante por tres décadas, había quedado fuera. La segunda vuelta se presentaba, al menos en el papel, entre dos extremos.

Junto al resultado anterior, otra sorpresa: el Congreso quedó virtualmente empatado entre izquierda y derecha. Este resultado obligará al nuevo presidente a dialogar con el Congreso y buscar alianzas, de otro modo no logrará hacer avanzar su propuesta.

Ambos candidatos hicieron campaña para la segunda vuelta moderando sus posturas e intentando sumar adherentes del centro político. Hicieron alianza con las coaliciones tradicionales incorporando sus ideas programáticas. Para el votante se presentó la opción entre el orden y la seguridad, por el lado de la derecha, y la igualdad social, por el de la izquierda, en una contraposición absurda. Por otra parte, dado que ambos candidatos moderaron sus posturas, se generó la pregunta fundamental por la credibilidad: cuál de ello sería más confiable en su nueva versión.

Las elecciones del día 19 de diciembre de 2021 se dieron en calma. Las mesas de votación comenzaron a cerrar a las 18 horas. Ya a las 19:19 el candidato José Antonio Kast felicitaba a Gabriel Boric por su triunfo, lo reconocía como Presidente electo de Chile. Por redes sociales invitaba a respetarlo y colaborar constructivamente con él. A las 19:40 era el propio Presidente de la República quien saludaba al Presidente electo en transmisión oficial. En menos de 2 horas ya se había resuelto la elección: Gabriel Boric obtenía casi el 56% de los votos. El Servicio Electoral de Chile, había cumplido un año de múltiples elecciones, en pandemia, con un desempeño impecable.

¿Quiénes conforman este gobierno electo?

Gabriel Boric, 35 años, diputado por Magallanes, en el extremo sur de Chile, fue proclamado candidato de su partido, Convergencia Social, luego de conseguir con dificultad las firmas necesarias para inscribirse. Sumó la adherencia de Revolución Democrática y los demás partidos del Frente Amplio. Finalmente, fue a primarias contra Daniel Jadue, representante del Partido Comunista, a quien venció.

El círculo cercano del presidente electo son fundamentalmente jóvenes que forjaron su participación política en las protestas estudiantiles de 2011. En particular, las designadas ministras del Interior, ministra Secretaria General de Gobierno (vocería) y el ministro Secretario General de la Presidencia (el vínculo con el Congreso), provienen de esas lides. Al designar a los nuevos ministros de estado sorprendió con un gabinete compuesto por 14 mujeres y 9 hombres e invitando sobre todo a «escuchar el doble de lo que se habla». De ellos, varios son miembros de partidos de la Concertación – Nueva Mayoría, con lo cual se amplía el espectro político de la alianza de gobierno e incorpora experiencia. Un nombramiento interesante fue el de Mario Marcel como ministro a cargo de las finanzas públicas, dado que era presidente del Banco Central y, en ese rol, un abierto opositor a los retiros de fondos previsionales. Fue un nombramiento que tranquilizó los mercados.

Desafíos para el próximo gobierno

El próximo gobierno, en su núcleo más originario, es bastante joven. Deberá mostrar rápidamente cuán competente es. Se trata de un cambio generacional importante. Además, previsiblemente, tendrá que hacer parte importante de la transición de una Constitución a otra.

Un tema que le resultará complejo es la seguridad pública. La izquierda ha tendido a ser más bien comprensiva con los delincuentes y ha visto en las fuerzas de orden y seguridad a un enemigo. Ahora le toca defender el estado de derecho, por una parte encauzar la convivencia social a través del sistema político, pero también utilizar la fuerza, cuyo monopolio de uso reclama el estado, cuando sea necesaria dentro del marco de la ley. Seguramente ello no le será cómodo.

Deberá invertir energía en constituirse como coalición. Primero, la incorporación de parte de la ex Concertación es muy reciente y más bien alimentada por una reacción anti derecha que por un proyecto compartido. Y, segundo, no será fácil conservar al Partido Comunista como aliado, pues es un partido al que no le acomoda estar en el poder ejecutivo como blanco de las críticas. Si bien interpretaron bien las demandas de la población durante su campaña, tendrán que hacer un giro en el modo de hacer política: salir del recurso fácil a develar falencias en el adversario. La clave para el futuro gobierno será más bien formular la esperanza y dar forma a un proyecto político.

Desafíos para la política chilena

El primer desafío evidente es la pobre participación política. En segunda vuelta votó solo el 55% de quienes estaban habilitados para hacerlo. Esto es consecuencia de años de debilitamiento y de desprestigio sistemático de la discusión pública. Para recuperar calidad y legitimidad en las decisiones y acciones del Estado, es imprescindible recuperar la participación, generando mayores espacios de decisión en la base social, en las juntas de vecinos y en las asociaciones locales. Pero es necesario que las decisiones a ese nivel tengan relevancia y poder reales.

Un segundo reto es la falta de renovación de los partidos políticos. Entre los jóvenes existe un interés muy bajo por participar en la política partidista, pero esto no implica que carezcan de motivación por el cambio social. Al menos, se vislumbran dos elementos importantes que afectan la renovación: el primero es la falta de formación de los jóvenes, donde puedan aproximarse en profundidad a las fuentes doctrinales de los partidos, enfrentar y discutir las preguntas fundamentales en torno a la justicia social, la libertad, la democracia, la igualdad o la comunidad. En este punto, los colegios y programas educativos debieran jugar un rol fundamental que hoy no están teniendo. El segundo elemento es la relevancia que estos mismos grupos de jóvenes pudieran tener en las estructuras del partido, donde se les permita y aliente a progresar en responsabilidad y a participar de las decisiones o acciones colectivas.

El tercer desafío, quizá el más grave y transversal de todos, es la falta de profundidad en el discurso político. Esta situación atraviesa la crisis de los partidos políticos, las actuales campañas, y la pobre formación de la juventud. Cuando las posturas políticas no son capaces de superar los eslóganes del marketing, se producen varios resultados: el encasillamiento de los rivales políticos, la excesiva simplificación de problemas complejos, la falta de coherencia en las propuestas de política pública que se hacen al país, entre otros.

Un discurso político comprende, entre otras cosas, una jerarquización de valores centrales para un colectivo de personas y un modo de comprender lo ya señalado: la libertad, la justicia social, la comunidad, la democracia y la igualdad política. Contar con declaraciones de ese tipo permite comprender que en una opción política se juegan muchos valores que están en conflicto y que frecuentemente son difíciles de armonizar. Hacerse conscientes de ello permite entrar en los problemas en profundidad, sabiendo que en el fondo de las decisiones hay opciones éticas y se privilegian algunos valores o grupos, pudiendo favorecer otros. De la mano con ello, las caricaturas sobre el rival también se evitan, ya que la complejidad permite validar las opciones y perspectivas de los competidores.

Finalmente, un último reto tiene que ver con las formas. Hoy se ha perdido el respeto en, al menos, dos sentidos: uno, es a las reglas de organización que nos hemos dado como país y el otro es el trato que se da a los adversarios. Es muy valorable que Chile haya decidido cambiar sus reglas dentro de un marco de legalidad vigente. Por eso tenemos que celebrar el cauce institucional que ha tomado el país, como signo de civilidad. Pero otra cara del respeto es el trato que se dan los adversarios. Esto deja mucho que desear tanto al interior del Congreso, como desde ese poder hacia otros poderes del Estado, entre partidos políticos, o hacia las Fuerzas Armadas y de Orden.

La Convención Constituyente ha recuperado mucho de ese respeto, ahora deberá recuperarlo el Congreso, los partidos y el Gobierno. No se trata de no denunciar delitos ni de evitar la discusión de ideas. Cuando quienes llevan la vida política del Estado se permiten faltar el respeto entre personas o entre poderes, no se percatan de que son las instituciones las que se mellan y, tarde o temprano, ese desprestigio se vuelve contra ellos mismos. En este punto es muy relevante que los tres poderes del Estado faciliten que la Convención haga un buen trabajo. Cuando se recupera el respeto, renace también la esperanza y es posible un diálogo de calidad, las instituciones se fortalecen, se hacen confiables y el país puede progresar.

Copyright © La Civiltà Cattolica 2022
Reproducción reservada