El informe de los abusos en la Iglesia católica en Suiza

En la mañana del 10 de septiembre de 2023, apareció la siguiente noticia en el sitio web de la Conferencia Episcopal Suiza: «Investigación canónica sobre la sospecha de encubrimiento de abusos sexuales por parte de miembros de la Conferencia Episcopal Suiza»^[1]. Esta noticia era el preludio de la publicación, dos días más tarde, del Informe sobre el Proyecto Piloto para la Historia de los Abusos Sexuales en el Contexto de la Iglesia Católica Romana en Suiza desde mediados del siglo XX^[2]. Aún no se pueden predecir las consecuencias que se derivarán de estas investigaciones ni cuándo se retomarán.

El problema de la credibilidad de la Iglesia

Esta situación, con muchos antecedentes, detalles y dinámicas desconocidos, es demasiado familiar para todos los que se ocupan de la cuestión de los abusos y su encubrimiento en la Iglesia católica. Es casi característico que muchas cosas queden sin esclarecer; que debido a la complejidad de los hechos, las múltiples responsabilidades y los procesos históricos, a menudo ni siquiera esté claro dónde reside la responsabilidad original y quién podría y debería aportar luz a esta oscuridad. En este sentido, el Informe del Proyecto Piloto y la noticia previa que lo acompaña reflejan lo que ha ocurrido muchas veces en ocasiones similares en el pasado. Gran agitación, nerviosismo creciente y declaraciones nebulosas cimentan el siguiente cuadro: en la Iglesia católica no sólo hay un número considerable de víctimas de abusos y de los correspondientes victimarios. En el mejor de los casos, la Iglesia, desesperadamente abrumada por la situación, no ofrece aclaraciones, y ni siquiera aborda públicamente las cuestiones; en el peor, surge un enfoque reticente o incluso francamente destructivo y defensivo.

Desde un punto de vista racional, esto es difícil de explicar, porque este triste espectáculo, tal y como se acaba de describir, se ha observado varias veces en las últimas décadas, al igual que sus consecuencias, la primera de las cuales es una pérdida masiva de credibilidad. Se podría pensar que no debería ser demasiado difícil aprender de los errores del pasado. Pero, como muestra también en muchos aspectos el Informe del Proyecto Piloto, los mecanismos de autocontrol, aprendizaje continuo y mejora de los procedimientos no están desarrollados, o lo están de forma muy limitada. Por desgracia, todavía hay obispos y superiores religiosos que creen que es mejor para ellos guardar silencio sobre los abusos, no sea que un escándalo dañe la imagen de sí mismos y de la Iglesia en su conjunto. Siguen actuando como si lo ocurrido en otras Iglesias locales no se aplicara a ellos, preparando así el terreno para un daño inmenso. Lo que sigue faltando es la intuición de que, de cara al futuro, sería mucho mejor – y más honesto – admitir que en la Iglesia se han cometido graves errores y se han encubierto delitos y, en vista de ello, pedir perdón honestamente.

Los fieles son conscientes de ello, y también los medios de comunicación. Lo que la opinión pública y un número cada vez mayor de católicos ya no toleran es la ocultación y la negación de responsabilidades. Además, puede demostrarse que es este comportamiento de evasión – y no sólo el hecho de los abusos – la razón central de la rápida disminución de confianza en la Iglesia. Sin embargo, muchos en la Iglesia no se dan cuenta de que la desconfianza en los obispos y otros representantes de la Iglesia repercute en la credibilidad de su proclamación del mensaje cristiano. Es obvio que el mensaje tiene menos probabilidades de ser creído si el mensajero no es creíble en sus acciones. Quien «predica bien y siembra mal» destruye poco a poco los fundamentos mismos de la fe.

El «Informe» en resumen

El Informe del Proyecto Piloto se presenta tras un año de trabajo (de la primavera de 2022 a la primavera de 2023) de un equipo de investigadores de tres lenguas, apoyados por dos estudiantes y asesorados por expertos y expertas. Las perspectivas de investigación y los métodos de trabajo corresponden a los conocimientos historiográficos del grupo de investigación del Departamento de Historia de la Universidad de Zúrich, dirigido por Monika Dommann y Marietta Meier. La investigación fue encargada por la Conferencia Episcopal Suiza, la Conferencia Central Católica Romana de Suiza y la Conferencia de Uniones de Órdenes Religiosas y Otras Comunidades de Vida Consagrada en Suiza.

El equipo de investigación consultó unas dos docenas de archivos de instituciones de la Iglesia católica y también de instituciones externas, y recopiló, leyó y analizó parcialmente decenas de miles de páginas de expedientes sobre casos de abusos. Además, se realizaron entrevistas con víctimas, expertos y representantes de la Iglesia. Según los autores, se contó con el asesoramiento de víctimas y de dos organizaciones: la Interessengemeinschaft für Missbrauchsbetroffene im kirchlichen Umfeld (IG-MikU) y el grupo Soutien aux personnes abusées dans une relation d’autorité religieuse (SAPEC).

El Informe marca el punto de llegada de un estudio piloto y «no es un análisis definitivo, sino […] un esbozo inicial de posibles áreas y proyectos para seguir investigando» (18). El prefacio y la introducción van seguidos de un texto de algo menos de 100 páginas. Los capítulos siguientes se dedican inicialmente a una contextualización histórica. No está claro por qué se eligió como título «La historia del escándalo de los abusos: del Boston Globe al proyecto piloto» (21-26), si el texto también se refiere explícitamente al periodo anterior a 2002 (es decir, antes de las publicaciones Spotlight del Boston Globe). A continuación, una sección «relevante» (19) del estudio trata de las estructuras de la Iglesia católica en Suiza y del examen de los archivos respectivos y su relevancia para la investigación de los abusos sexuales (27-48); después se hace focaliza en las víctimas de abusos y las asociaciones que las apoyan y su contribución a la realización del estudio (49-54); le siguen reflexiones sobre los contextos de los abusos sexuales (55-80), aunque las «especificidades católicas de los abusos» se tratan aquí y no en el capítulo siguiente. A continuación hay un capítulo sobre la «gestión de los abusos sexuales por parte de la Iglesia católica» (81-108). La conclusión temática consiste en recomendaciones y sugerencias (109-114).

Al final del documento hay una bibliografía de 18 páginas, en la que, sin una catalogación precisa, se ha incluido un número manejable de referencias a artículos científicos sobre el tema, junto con muchos enlaces a artículos periodísticos y un gran número de informes vinculados a Suiza, y a algunos estudios sobre países de Europa continental.

Principales conclusiones del Informe

Un caso emblemático, mencionado a menudo en los medios de comunicación de habla alemana, se refiere al sacerdote suizo G. A. Fue condenado a dos años de prisión a principios de los años sesenta por «actos inmorales repetidos y continuados con y ante niños» (13). Se trataba ya de la segunda condena importante para el sacerdote, que sin embargo había seguido trabajando en la pastoral y teniendo contacto con menores hasta entonces y que, según los documentos judiciales, había abusado sexualmente de al menos 67 niños. Cuando G. A., al tomar posesión de su cargo en una parroquia de la Suiza central, recibió su primera condena a un año de prisión – suspendida con libertad condicional durante cinco años – por «actos de lascivia con niños», un párroco escribió al entonces obispo de Coira: «La noticia corrió como la pólvora en el pueblo, y el domingo siguiente tomé posición desde el púlpito como pude. Lo que dije debió de tener algún efecto, porque de repente todo se calmó. También justifiqué mi actitud, mi decisión de ocultar e ignorar este triste asunto, y lo comprendieron. Fue un domingo difícil» (83).

Tras la primera condena, G. A. tuvo que dejar la parroquia – oficialmente por «motivos de salud»-, pero los responsables eclesiásticos le buscaron un nuevo empleo. Sin embargo, como las posibles nuevas parroquias conocían el verdadero trasfondo del traslado, protestaron para que no aceptara el trabajo. Así que G. A. fue finalmente trasladado a la diócesis de Basilea, y su obispo de origen escribió en una carta: «Después de algún tiempo, cuando hayan pasado los cinco años, podrá regresar» (ibíd.). Incluso después de salir de la cárcel, G. A. pudo continuar como sacerdote: fue nombrado párroco y trabajó activamente en varias parroquias durante casi cuarenta años.

Del estudio piloto se desprende que el traslado de sacerdotes delincuentes dentro de Suiza era un medio utilizado con frecuencia. En la nueva ubicación, los responsables no siempre conocían el pasado de un sacerdote como G. A., y las parroquias no solían conocerlo en absoluto.

Para empeorar las cosas, los responsables a menudo se abstenían de informar de los casos relevantes a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. En los archivos episcopales de la diócesis de Basilea, por ejemplo, esto se evidencia en una carta en el expediente personal de G. A., escrita por un canónigo: «De acuerdo con el derecho canónico, su caso debe ser reportado a Roma. Sin embargo, normalmente no lo hacemos, para que los sacerdotes puedan reintegrarse más fácilmente en otro lugar después de cumplir su condena» (90).

Tras la lectura del estudio piloto, queda claro que el caso del sacerdote G. A. dista mucho de ser un caso aislado en la Iglesia católica del país. A la luz de los numerosos estudios sobre Conferencias Episcopales, diócesis, órdenes religiosas o instituciones eclesiásticas que se han publicado desde entonces en otros países, esta constatación no es sorprendente, pero no por ello menos chocante.

El Informe – al igual que los informes sobre los abusos en Alemania – es incapaz de cuantificar el número exacto de casos de abusos en el seno de la Iglesia católica en Suiza. Es cierto que el proyecto piloto de los expedientes logró identificar 1.002 casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica en Suiza, con 510 acusados y 921 víctimas. Sin embargo, el número real de casos de abusos, el número de acusados y el número de víctimas es probablemente mucho mayor. Según los investigadores, los casos identificados en los archivos son «sin duda sólo la punta del iceberg» (15).

El equipo de historiadores cita las fuentes incompletas como una de las principales razones del número supuestamente elevado de casos no denunciados. «En algunos casos, se ha comprobado que las denuncias de las personas maltratadas no se han puesto por escrito de forma rigurosa y que no todas las denuncias han quedado registradas en los archivos» (15), afirma el informe. Por último, según el equipo de investigación, basándose en los resultados de las investigaciones sobre estas zonas grises, cabe suponer que sólo una pequeña proporción de los casos de abusos sexuales fueron denunciados a las autoridades eclesiásticas o estatales, lo que probablemente también estaría relacionado con la posición prominente que la Iglesia católica ocupa desde hace tiempo en la sociedad. Como en otras regiones o países europeos – véase la investigación sobre abusos en la diócesis de Münster en junio de 2022 –, se trata de un entorno católico en gran medida cerrado, en el que la mayoría no tenía ningún interés en confesar y los abusos se mantenían ocultos. Aun en los años 70, como afirma uno de los afectados por los abusos en el Informe, el sacerdote, como «representante de Dios», era intocable para muchos, incluso en el caso de delitos graves.

En cuanto a la magnitud de las lagunas en los archivos, los investigadores del Informe vuelven a referirse al caso del sacerdote G. A. Los documentos judiciales encontrados, que documentan los abusos sexuales a 67 niños, sólo se refieren a un periodo de seis años. Sin embargo, G. A. trabajó supuestamente durante décadas en varias parroquias suizas y, según el Informe, “lo que ocurrió durante esos años y, sobre todo, si hubo casos de abusos sexuales incluso durante ese periodo de tiempo, sigue sin estar claro con las fuentes disponibles» (16).

Limitaciones del enfoque histórico

Conociendo otros informes e investigaciones de expertos, muchos de los datos del Informe no sorprenden en absoluto, como afirman los propios autores. De hecho, tanto el número de personas afectadas por abusos – los autores explican en el texto que no hablan de «víctimas», a petición de los afectados – como el número de personas acusadas son probablemente del orden de magnitud que conocemos por informes e investigaciones publicados en otros países en los últimos años y décadas.

Según el Informe, se identificaron 510 personas acusadas y 921 personas abusadas; 149 personas acusadas pudieron ser vinculadas con al menos dos personas abusadas, mientras que en el caso de 361 personas acusadas se probó el abuso sexual a una sola persona. En el 39% de los casos la persona abusada era una mujer, en algo menos del 56% de los casos era un hombre, mientras que en el 5% no se pudo identificar claramente el sexo a partir de las fuentes disponibles; las personas acusadas eran, con pocas excepciones, exclusivamente hombres. Y de nuevo: «Los registros analizados durante el proyecto piloto muestran que en el 74% de los casos se trataba de abusos sexuales cometidos contra niños de diferentes grupos de edad: desde abusos contra bebés y niños prepúberes hasta abusos contra adultos jóvenes postpúberes de ambos sexos. El 14% de los abusos se cometieron contra adultos, mientras que en el 12% de los casos la edad de la persona abusada no era claramente identificable» (15). Así pues, según los investigadores, al menos uno de cada siete casos habría implicado a un adulto. «Este hallazgo es particularmente significativo porque hasta ahora muchos de los estudios sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica se han centrado exclusivamente en los menores, dejando así fuera a una proporción significativa de personas abusadas» (ibid.), prosigue el Informe.

Siguiendo a los autores, cabe recordar que detrás de cada una de las 921 personas mencionadas en el Informe que se vieron afectadas por la violencia sexual o de otro tipo (así como las afectadas por los abusos de 30 suizos que trabajaban en el extranjero), hay un sufrimiento indecible y una historia de vida a menudo difícil o trágica. Las heridas, la desesperación y la búsqueda de curación de las propias víctimas, pero también de sus familias, amigos y colegas, deben ser una llamada de atención para todos aquellos que se sienten parte de la fe cristiana y de la Iglesia católica. Es necesario salir de la parálisis, de la decepción excesiva y de la rabia, y aportar lo que cada uno puede hacer por sí mismo y por su entorno: escuchar a los afectados por los abusos, no huir de sus historias y preocupaciones, compartir en la medida de lo posible su dolor y sus heridas, y averiguar, conversando con ellos, cómo la Iglesia y la sociedad pueden ayudar a prevenir los abusos en la medida de lo posible. Demasiado a menudo, de hecho, a las víctimas se les han cerrado las puertas en las narices cuando han querido hablar; los agresores han sido tratados con indulgencia por las parroquias y sus representantes laicos y trasladados por los superiores; la reputación de las parroquias, las diócesis y la Iglesia ha estado demasiado arriba en la lista de prioridades.

El grupo de autores declara al principio y al final del Informe que «los autores de los estudios […] pudieron trabajar de forma independiente y que […] no se vieron influidos en modo alguno en sus investigaciones» (14). Las solicitudes de consulta de los archivos de las diócesis y de algunas congregaciones religiosas parecen haber recibido una respuesta ampliamente positiva: «En general, se concedió al equipo de investigación el acceso necesario a los archivos» (109). Sin embargo, las limitaciones de un enfoque histórico que se basa principalmente en los fondos de archivo parecen igualmente claras. Así lo corrobora la siguiente declaración del equipo de investigación: «No sería posible obtener una visión general del alcance de los abusos sexuales en la Iglesia ni siquiera con una evaluación exhaustiva de todos los fondos de archivo. De hecho, un gran número de casos de abusos sexuales no han dejado rastro en los archivos hasta el día de hoy. En el caso de dos diócesis, también se ha documentado la destrucción de archivos, y en el caso de otras, cabe suponer que ha ocurrido algo similar en base a las disposiciones del derecho canónico. Además, en algunos casos se ha comprobado que las denuncias de las personas maltratadas no se ponían estrictamente por escrito y que no todas las denuncias quedaban registradas en los archivos» (15).

Los investigadores también señalan que ni siquiera examinaron muchos archivos eclesiásticos en el contexto del estudio y que sólo consideraron los archivos estatales «a título complementario», lo que, sin embargo, se debe principalmente a la naturaleza y el mandato del estudio, que se concibió expresamente como un «proyecto piloto» de un año de duración. Según los investigadores, la investigación realizada – como ya se ha mencionado brevemente al principio – no pretende ser la conclusión de la investigación científica sobre los abusos en la Iglesia suiza, sino sentar las bases para futuras investigaciones sobre la historia de los abusos sexuales cometidos por clérigos católicos, empleados eclesiásticos y miembros de órdenes religiosas en Suiza desde mediados del siglo XX. No obstante, según la información actual, está previsto un proyecto de seguimiento para los años 2024-26.

Puntos de partida, perspectivas y marco supranacional

Los investigadores desean que los documentos de la encuesta se entreguen a la Sociedad Histórica Suiza para garantizar la trazabilidad científica. La calidad y la sostenibilidad del ejercicio del deber de supervisión y asistencia por parte de los organismos estatales también es objeto de debate: «Dado que las autoridades estatales han delegado a menudo tareas sociocívicas y educativas en la Iglesia, especialmente en los cantones católicos, los futuros estudios deberían examinar más de cerca la responsabilidad del Estado en este contexto, también en relación con el campo de la investigación sobre medidas coercitivas con fines asistenciales» (111).

Por lo tanto, este estudio sólo puede ser el principio de una reelaboración exhaustiva que debe incluir necesariamente otras disciplinas y enfoques académicos, como formulan los propios investigadores: «Para tales cuestiones, es necesaria la colaboración con otras disciplinas académicas a fin de abordar estos temas y contextos desde una perspectiva sociológica, jurídica o teológica» (ibíd.). No está claro por qué no se mencionan en esta lista las perspectivas psicológica y psiquiátrica. Y si tres de las cinco «recomendaciones y sugerencias» (113) se centran en el patrimonio archivístico y su accesibilidad, cabe preguntarse hasta qué punto esto puede ser realista, dado el conocido carácter incompleto de los documentos existentes. Más bien parece importante la idea, expresada en otro lugar, de que «el trabajo con materiales de archivo debe complementarse urgentemente con los métodos de la historia oral y la investigación social empírica» (111).

En esencia, el Informe demuestra que Suiza no es un caso aislado en lo que respecta a los abusos sexuales perpetrados por miembros de la Iglesia y su encubrimiento. La Iglesia católica suiza muestra los mismos errores e insuficiencias que han provocado delitos y su encubrimiento en la Iglesia de todo el mundo, a saber, que «hasta la década de 2000, los dirigentes de la Iglesia ignoraron, ocultaron o minimizaron los abusos sexuales. Cuando se vieron obligados a actuar, a menudo no lo hicieron pensando en las personas ofendidas, sino en la protección de los autores, de la institución y de su propia posición» (110). En muchos casos, los abusos sexuales fueron «dejados de lado», los acusados fueron trasladados, las personas ofendidas y los testigos obligados a guardar silencio. De este modo, «los responsables de la Iglesia aceptaron la posibilidad de que se produjeran otros casos de abusos sexuales» (ibíd.).

Se encontraron resultados similares a los de otros países en los siguientes aspectos: el período en el que se produjeron la mayoría de los casos de abusos denunciados (aproximadamente la mitad entre 1950 y 1969); el número predominante de víctimas masculinas (bastante más de la mitad); una imagen confusa e impenetrable de las 153 comunidades y congregaciones religiosas actuales en Suiza en comparación con las estructuras diocesanas, que se pone especialmente de manifiesto por el hecho de que, salvo contadas excepciones, en las comunidades más grandes casi no se han conservado ni encontrado documentos sobre este tema en los archivos (cfr. 41s).

En el caso de Suiza, muchos podrían sorprenderse al saber que las particularidades del derecho eclesiástico constitucional (por ejemplo, el sistema dual con su cooperación entre los órganos de derecho eclesiástico y los de derecho civil, un caso único para la Iglesia católica) y el mayor poder de los laicos en la dirección eclesiástica, así como la independencia financiera respecto al obispo, no han conducido aparentemente en modo alguno a una disminución de los abusos ni a un tratamiento más claro y severo de los autores. Los esclarecedores estudios de casos enumerados en el Informe muestran manifiestamente que el clericalismo no es un fenómeno limitado a los clérigos. En las parroquias, en las diócesis y entre los obispos «progresistas», los mismos mecanismos que entre los obispos «conservadores» han impedido detener los abusos y llevar a los autores ante la justicia.

Todo esto debería investigarse más a fondo. El propio grupo de investigación ofrece una perspectiva a este respecto cuando escribe: «La cuestión de hasta qué punto la estructura dual de la Iglesia católica en Suiza influyó en la posibilidad de que se produjeran abusos sexuales, así como en su ocultación y encubrimiento, tampoco está totalmente aclarada» (111).

En cuanto a los lugares donde se produjeron los casos de abusos en el contexto de la Iglesia, el equipo de investigación enumera tres «contextos sociales» en el Informe: 1) la atención pastoral; 2) las actividades socio-caritativas y educativas de la Iglesia; 3) las órdenes religiosas y formas similares de vida religiosa. Sin embargo, los ámbitos de la atención pastoral – en particular las confesiones, el servicio de monaguillos y la catequesis – fueron con mucho los entornos más frecuentes de abusos, con más del 50% de los casos identificados. El Informe señala los hogares, escuelas, colegios e instituciones católicas similares como el segundo escenario más frecuente, con un 30%. Cabe señalar que los informes sobre abusos publicados anteriormente para las diócesis alemanas habían arrojado resultados similares en cuanto a la atención pastoral como escenario de delitos.

En cuanto al trato dado por la Iglesia a las personas acusadas, el Informe muestra pautas similares a las ya descubiertas en otros informes sobre abusos y que han sido tematizadas en el «Camino sinodal de la Iglesia católica en Alemania» como una de las «causas sistémicas» de los abusos. Según el Informe, los líderes de la Iglesia han reubicado sistemáticamente a clérigos acusados y condenados, a veces incluso en el extranjero, para evitar un juicio civil y permitir que los clérigos continúen con su trabajo. De este modo, los intereses de la Iglesia y sus representantes se anteponían al bienestar y la protección de los miembros de la comunidad. Los investigadores observaron al menos un cambio a mejor en el periodo posterior al cambio de milenio: entretanto, la Conferencia Episcopal Suiza había publicado directrices para tratar los casos de abusos sexuales y para su prevención, y había creado comités diocesanos de expertos para tratar los casos denunciados. Sin embargo, según los investigadores, estos comités todavía difieren mucho en sus métodos de trabajo y están profesionalizados en diversos grados.

Conclusión

Además de las similitudes señaladas, existen, sin embargo, algunas especificidades propias de Suiza. En primer lugar, no se encargó un estudio de este tipo sino hasta 2022, es decir, mucho más tarde que en Alemania y Francia. Las especificidades también incluyen las diferentes lenguas nacionales, características culturales y sistemas jurídicos de los cantones y las consiguientes formas organizativas y niveles de responsabilidad en las iglesias nacionales, parroquias y otras instituciones eclesiásticas.

Este Informe refleja el hecho de que temas que no figuraban en la agenda hace cinco o diez años han pasado recientemente al centro del interés. Entre ellos se incluye la cuestión de qué se entiende por abuso espiritual y qué papel desempeña en la violencia sexual. Además, se presta atención al abuso de adultos vulnerables. Ambos casos se mencionan y tratan en el Informe, en el que los autores subrayan siempre con acierto la necesidad de seguir debatiendo e investigando en estos ámbitos.

Permítasenos hacer algunas observaciones críticas sobre el Informe. Por ejemplo, en relación con la solicitud de inspeccionar documentos en la Nunciatura en Suiza, los autores llegan a la siguiente conclusión: «La solicitud del equipo de investigación recibió una respuesta negativa debido a la preocupación por la protección diplomática de la Nunciatura. A pesar de las repetidas garantías de transparencia por parte del Papa Francisco y otros funcionarios del Vaticano, las puertas para una investigación científica del pasado siguen cerradas a los investigadores independientes» (39). Esta conclusión del equipo de investigación revela un conflicto fundamental sobre cómo entender el papel y los poderes de un nuncio apostólico, que ya había provocado tensiones similares en Australia (2013) y el Reino Unido (2019). La Santa Sede señaló que los archivos de una Nunciatura «son inviolables en todo momento y dondequiera que se encuentren» en virtud del artículo 24 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Por lo tanto, un Nuncio no puede hacer examinar o entregar documentos conservados en los archivos de la misión diplomática. En principio, la Santa Sede puede entregar documentos ante una solicitud correspondiente justificada por las autoridades judiciales del Estado en cuestión (es decir, una comisión rogatoria internacional), transmitida a través de los canales diplomáticos habituales (en el caso suizo, entre los tribunales suizos y los Dicasterios de la Santa Sede). Por lo tanto, si la Santa Sede no ha recibido ninguna solicitud formal de las autoridades judiciales suizas para inspeccionar un expediente concreto, el Nuncio tiene las manos atadas. De hecho, en casos similares, la Santa Sede ha proporcionado ciertamente los documentos solicitados, de acuerdo con la práctica internacional. Sin embargo, aunque sólo sea sobre la base de los valores empíricos de éste y muchos estudios anteriores, difícilmente podemos suponer que podamos encontrar en los archivos eclesiásticos una documentación completa de las acusaciones de abusos y de las actuaciones de los superiores eclesiásticos.

Además, el grupo de investigación realiza la siguiente valoración histórica: antes de 2002, «en Estados Unidos e Irlanda ya se llevaban a cabo desde hacía décadas amplias investigaciones e informes sobre el tema de los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica» (21). No está claro a qué investigaciones se refiere exactamente. Sin embargo, hasta la fecha, la investigación y la enseñanza sobre los abusos y su prevención en las universidades públicas, privadas y eclesiásticas de Estados Unidos se limitan a los estudiosos interesados y suelen financiarse mediante proyectos a corto plazo.

Por último, los autores afirman que «en España, la Iglesia Católica se ha negado hasta ahora a realizar un examen científico de los abusos sexuales en su propio ámbito» (23) y se refieren exclusivamente a la investigación de El País. Esto no se corresponde con los hechos, ya que la Conferencia Episcopal Española encargó un estudio a principios de 2021, que debería publicarse próximamente.

En este Informe, como en anteriores similares, el relato de los efectos es al menos tan importante como el propio informe. Las noticias y los debates en los medios de comunicación inmediatamente después de la publicación del Informe muestran una vez más que las pautas habituales de comunicación de las autoridades y los funcionarios eclesiásticos contribuyen a aumentar aún más la ira, la frustración y el desconcierto. Los mecanismos de disculpa, practicados casi como un ritual, se perciben como vacíos si no van acompañados de planteamientos concretos que demuestren que no pueden ser sólo palabras. Entre ellos, la lista de medidas publicada por la Conferencia Episcopal Suiza el 23 de septiembre de 2023^[3], así como la cuestión de la responsabilidad personal, incluida la posibilidad de dimitir, tanto si se trata de obispos como de abades o provinciales. En este sentido, cabe esperar que este Informe «inicie un examen exhaustivo de la cuestión de los abusos sexuales en la Iglesia católica» (5) en Suiza y en otros países. La esperanza es que esto ocurra realmente y que sea saludable para los abusados e inspirador para todos los católicos de Suiza.

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1. Cfr. www.ivescovi.ch/indagini-canoniche-sul-sospetto-di-occultamento-di-abusi-sessuali-da-parte-di-diversi-membri-della-conferenza-dei-vescovi-svizzeri ↑

2. Cfr. https://tinyurl.com/59zpbset. El Informe ha sido elaborado por Vanessa Bignasca, Lucas Federer, Magda Kaspar y Lorraine Odier, con la colaboración de Janaina Rüegg y Elia Stucki, y la dirección de Monika Dommann y Marietta Meier. En el artículo, los números entre paréntesis remiten a las páginas del Informe. ↑

3. Cfr. www.ivescovi.ch/comunicato-la-cvs-decide-misure-immediate ↑